El ex presidente de la Generalitat Artur Mas no se ha movido ni un milímetro en sus argumentos en defensa de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Tal y como hizo en su declaración ante el juez instructor, el ex mandatario catalán ha erigido ante el tribunal que le juzga por presunta desobediencia al tribunal como el "máximo responsable político" de haber ideado e impulsado el proceso participativo alternativo a la consulta. "La iniciativa política fue mía y de mi Gobierno, pero yo daba las directrices políticas", explicó con contundencia. Mas se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la fiscalía ni de la acusación particular y sólo ha contestado a su abogado, Javier Melero.

 

"Yo era el máximo responsable de todo", afirmó, al tiempo que ha querido dejar constancia de que, ante la primera prohibición del Tribunal Constitucional, hubo un "cambio de formato" y se dejó en manos de voluntarios del organización de la consulta alternativa. "Sin los 42.000 voluntarios no se podría haber llevado a cabo el proceso participativo", detalló. El ex se ha sentado en el banquillo con la ex vicepresidenta Joana Ortega y el ex consejera Irene Rigau. La fiscalía reclama para el ex mandatario 10 años de inhabilitación y nueve años para las otras ex altos cargos por los delitos de desobediencia y prevaricación.

 

En su declaración de menos de una hora, Mas ha asegurado que las directrices para organizar la consulta soberanista fueron suyas, como presidente de la Generalitat, y el resto de los miembros del Gobierno, como Ortega y Rigau, sólo las siguieron . La consulta, detalló, tenía unas raíces "estrictamente democráticas" y tenía como objetivo escuchar al pueblo de Cataluña sobre si quería o no un estado propio dentro de la Unión Europea.

 

MANDATO PARLAMENTARIO

 

Recordó que después de las elecciones del 2012 había una mayoría en el Parlamento a favor del derecho a decidir y que desde la Cámara catalana se instó al gobierno catalán a promover una consulta soberanista. "Sí se intentó negociar un referéndum pactado con el Gobierno, pero no hubo manera", subrayó. Incluso, concretó que tuvo varias conversaciones con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "El proceso participativo no fue un capricho individual, ni una salida de tono, sino que se siguió un mandato del Parlamento", afirmó.

 

Mas ha resaltado que la primera consulta convocada, que fue prohibida por el Constitucional, había sido organizada e impulsada desde la propia Administración autonómica, pero la segunda, es decir el proceso participativo del 9-N, se dejó en manos de los voluntarios . "La organización se cambió, aunque el objetivo era el mismo: saber la opinión de la gente de Cataluña", ha insistido. Y todo en base a la movilización popular en la calle. La Generalitat les facilita a los voluntarios los medios.

 

"Pedimos la implicación de 20.000 personas y se le apuntaron 42.000", precisó, para luego añadir que fueron un elemento y una "pieza imprescindible" en la organización del 9-N, que el ex calificó de "jornada democrática". "No había el ánimo de cometer ningún delito, ni de desobedecer. Creía que había cumplido lo que había acordado por el Constitucional, aunque era impreciso su mandato ", sostuvo. "Ante la imposibilidad, la evidencia y la magnitud de lo que estaba pasando en el país, se iba a celebrar la jornada con normalidad, tal como ocurrió", dijo Mas. El ex mandatario expresó también que el Constitucional no hizo nada el día de la consulta para detenerla y que no se pusieran las urnas.

 

ORTEGA Y RIGAU

 

En el mismo sentido que Mas han declarado las otras dos acusadas. Ortega y Rigau, en una declaración de media hora cada una, han querido dejar claro el papel fundamental de los voluntarios para organizar y desarrollar el 9-N. Para Ortega, fueron "el alma del proceso" ya que "lo hicieron todo: como abrir los colegios, organizar colas, subir los datos de participación ..." y aseguró que ningún funcionario hizo tareas durante las votaciones de forma oficial.

 

La ex vicepresidenta ha asegurado que antes de la suspensión del 4 de noviembre las empresas encargadas de los preparativos, como hacer las urnas o distribuir los ordenadores ya habían facturado y entregado sus trabajos y que diseñó toda la organización del 9-N, a petición de Mas, "dentro del marco legal y con respeto por la ley y la democracia".

 

Por su parte, la consellera Rigau también ha remarcado el papel fundamental de los voluntarios que se encargaron de abrir los centros escolares y negó que entre el 4 y el 9 de noviembre se dictara resolución ni acto administrativo en relación con el proceso participativo. Rigau ha confirmado que 156 colegios abrieron para las votaciones aunque hubo más de mil puntos con urnas.

 

La sesión de este lunes, que ha durado dos horas y media, ha finalizado poco después de las 12 horas con la campanilla agitada por el presidente del tribunal. la vista

 

Fuente: El Periódicon de Catalunya